Reflexiones en la naturaleza

Los pasados 21 a 23 de abril, la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) celebró su seminario y asamblea anual, en las instalaciones cedidas por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), sitas en el pueblo de Valsaín (Segovia).

Este seminario se celebra de modo permanente todos los años y en ellos pueden participar no sólo abogados de RADA, sino también otros abogados o juristas o incluso técnicos o expertos en otras disciplinas que traten de problemas ambientales.

RADA inició en el 2008 unos seminarios permanentes en el CENEAM, como Red de abogados de Derecho Ambiental, con el objetivo de coordinar esfuerzos, aclarar posturas, buscar soluciones consensuadas a temas conflictivos, mejorar la formación e información con la que cuentan los profesionales del Derecho y ofrecer una interlocución solvente a otros sectores implicados en la elaboración y aplicación del Derecho Ambiental.

En el Seminario de 2017, sesión matinal, se contó con ponencias de reconocidos especialistas, como el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente, don Antonio Vercher, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, don José María Baño, la investigadora del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda/Ciemat), doña Eva Blasco.
En la vespertina tuvieron lugar diversos talleres prácticos, como el dedicado a la litigación ambiental a cargo de don Jaime Doreste (abogado ambientalista de Ecologistas en Acción), a la Custodia del Territorio presentado por el abogado ambientalista de RADA don Antonio Ruiz y el de los abogados ambientalistas ante el cambio climático con la intervención de doña Carolina Loaiza, doña Vanesa Durrey y doña María Ángeles López de la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA).

RADA ABOGA POR FORTALECER LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE, LA DESAPARICIÓN DE LA ACTUAL DESIGUALDAD DE LA PARTES EN LOS PROCESOS AMBIENTALES Y EL PAPEL DE LOS PERITOS AMBIENTALES

En las distintas ponencias se pusieron de relieve algunos aspectos que queremos destacar:

  1. La necesidad de reforzar la Fiscalía de Coordinación de Medio Ambiente, con más medios, mejor formación y mayor intervención en su defensa integral de la legalidad ambiental.
     
  2. La Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con una amplia base de datos de legislación y jurisprudencia que RADA considera debería ser accesible al público. También se comentó la conveniencia de sistematizar en una base de datos el gran trabajo de difusión que está llevando a cabo el Servicio de Actualidad Jurídica, del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental. Disponer de estas bases de datos consolidados, unificadas, sería de gran ayuda para todos aquellos que de una manera u otra debemos aplicar el Derecho Ambiental.
     
  3. La importancia del buen hacer en la planificación urbanística para su estabilidad temporal, evitándose así daños a terceros, al medio ambiente y a la economía.
     
  4. La continua consolidación de la doctrina jurisprudencial que obliga a los abogados a estar permanentemente al día no solo de lo mucho que se legisla en materia ambiental, sino también en la jurisprudencia, incluida la de los Tribunales de Justicia de la Unión Europea. Si se mejorase la técnica legislativa, sin duda habría menos sobrecarga de los tribunales, con gran beneficio para la seguridad jurídica y la economía.
     

Y en los talleres salieron a relucir, entre otras cuestiones:

  1. El manifiesto desequilibrio de fuerzas entre las partes en el pleito ambiental, las fianzas desafiantes y la deficiente construcción procesal de las medidas cautelares aplicadas al medio ambiente. En este ámbito debería reinar el principio de inversión de la carga de la prueba, es decir, que el promotor de un proyecto, si quiere seguir su ejecución durante el proceso, debería afianzar la restitución del bien dañado a su estado previo, si ello fuera posible. En otro caso, de no ser posible, la paralización del proyecto debería ser la norma y no la excepción.
     
  2. El fundamental papel que desempeñan los técnicos-científicos como coadyuvantes de los abogados ambientalistas y la falta de preparación práctica que reciben en sus universidades. Ello ha llevado a que RADA pongan en marcha una Red de Peritos y Colaboradores, a la que se pueden unir éstos y participar en las actuaciones de la Red o bien compartir información.
     
  3. El régimen especial de los contratos de Custodia del Territorio, una novedosa figura de protección de la naturaleza privada o semiprivada, nacida del pacto de caballeros, en el que se intenta aumentar las actuaciones o medidas de protección del medio natural para favorecer su biodiversidad, más allá de lo legalmente establecido, incorporando mejores prácticas de gestión del suelo y del territorio en su conjunto. Estas figuras de protección están todavía en fase de regulación, siendo éste un proceso lento que parte de abajo hacia arriba.
     
  4. El gran reto de plantear una demanda contra el Estado y/o Administración Pública por inactividad ante los riesgos y efectos del cambio climático, ya sea por falta de toma de medidas adecuadas o efectivas ya sea por ser nada eficientes.
     
  5. La presentación del proyecto LEGAL NATURA para el pleno ejercicio de los tres derechos pilares del Convenio de Aarhus, como son, el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Para llevarlo a cabo se pretende crear una escuela de práctica jurídica ambiental para abogados y peritos, asociado o no a una clínica ambiental, en la que los alumnos, bajo la dirección de un profesor, y como práctica, colaboran en la resolución de casos que presenta la escuela, y finalmente un turno de oficio, para la facilitación a ciudadanos, colectivos, grupos, plataformas y ONGs que carezcan de medios, el ejercicio de estos tres derechos.
     

En la asamblea del día 23 se trataron cuestiones organizativas, y se hizo referencia a la necesidad de que se cree un turno de oficio especializado en medio ambiente, dirigido a otorgar la máxima protección a ese derecho, que la Constitución reconoce. También, se instó la derogación de leyes que impiden o dificultan las reivindicaciones ambientales, así como la de las leyes que, promulgadas en la anterior legislatura, supusieron un grave retroceso en la protección ambiental.

Contacto: Mª Ángeles López Lax (+34 609 20 30 99)