LA RED DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA LA DEFENSA AMBIENTAL celebró su seminario anual los días 2, 3 y 4 de junio de 2023, de forma mixta, presencial y online, en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), seminario en el que participaron de forma presencial 28 personas y 22 personas vía online, todas abogados y abogadas así como algunos técnicos vinculados con la protección ambiental.
Con arreglo al programa acordado con el CENEAM y divulgado por redes sociales, el seminario versó sobre el ejercicio y las dificultades para ejercer los derechos de acceso de acceso a la información, el derecho a la participación pública y el derecho de acceso a la justica en materia de energías renovables en un contexto actual de desarrollo acelerado y masivo de estas energía, tema, por lo tanto, de máxima actualidad.
La mayor parte de las Comunidades Autónomas, también el Estado, vienen tramitando de forma masiva, autorizaciones para la instalación de mega-plantas fotovoltaicas y parques eólicos para hacer frente a una avalancha de solicitudes de autorización, con cobertura en normas demasiado recientes, las cuales fueron debatidas en el seminario. En gran medida, se trata de normas sobre las que no existe todavía pronunciamiento de los tribunales, redactadas precipitadamente, que contradicen en ocasiones normas del mismo sector, generando una gran inseguridad jurídica en los particulares y titulares de actividades económicas afectados/as por tales instalaciones. Y se trata también de instalaciones con una capacidad muy importante capaz de provocar la degradación del patrimonio natural y agrícola, y el despoblamiento de las zonas afectadas sin planificación que se están autorizando sin haberse llevado a cabo previamente una valoración adecuada de afección a la biodiversidad.
La ponencia de la abogada y socia de RADA, Dña. Mª Ángeles López Lax, sobre el ‘Marco regulatorio básico de un despliegue de renovables masivo y acelerado’ hace un repaso riguroso del abigarrado conjunto de normas europeas y nacionales que inciden en la materia, con un enfoque teórico y práctico, dado que los asistentes eran profesionales de la abogacía. Se subrayaron en la exposición tanto los fundamentos que proporcionaban un apoyo para el cuestionamiento de la ocupación masiva por esta clase de instalaciones, como también las debilidades y fisuras de una Ley del Sector Eléctrico que, diseñada para grandes instalaciones energéticas no renovables, no da respuesta a la situación actual, creando una gran inseguridad jurídica, acrecentada con las recientes normas más permisivas aprobadas para la autorización de estas instalaciones, que facilitan y agilizan los procedimiento, pero minimizando a la vez los requisitos y garantías que antes viene imponiendo la normativa de evaluación ambiental para la adecuada protección del patrimonio natural y la biodiversidad y la participación pública.
En su segunda ponencia sobre “Planificación y compatibilidad urbanística” esta letrada expuso los principales problemas derivados de una inexistente planificación territorial que permita seleccionar las zonas más adecuadas para estas instalaciones; el fracaso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado antes de dictarse por el órgano ambiental su declaración ambiental estratégica y, por lo tanto, sin ninguna medida que oriente sobre cómo, cuándo y dónde llevar a cabo este desarrollo de renovables con el menor impacto posible y maximizando la obligada eficiencia energética. Finaliza su intervención con un repaso de la normativa urbanística, de ordenación territorial y de ordenación de espacios protegidos que pueden ser utilizados a la hora de ejercer los derechos de participación y acceso a la justicia en esta materia, en pro de una mejor protección ambiental.
La ponencia de las abogadas socias de RADA, Dña. Olga Álvarez García y Dña. Mª Luz Ruiz Sinde sobre ‘Procedimientos de evaluación de planes y proyectos; problemas más comunes (fraccionamiento, efectos sinérgicos, acumulación de proyectos y la integración de los procedimientos) y las formas de participación y el acceso a la información«, hizo lo propio con el análisis de los problemas más comunes que se vienen detectando en estas iniciativas, tanto en la fase de su evaluación ambiental como en la de tramitación de los proyectos, algunos de difícil tratamiento si no se cuenta con la amplia experiencia de profesionales con una específica formación técnica en materia energética, como es el caso de la fragmentación de las instalaciones. La cita de última jurisprudencia, con que se apuntaló, permitía cobrar una adecuada percepción de esas deficiencias. Asimismo, interesante resultó la aclaración del cauce participativo conforme al Convenio de Aarhus y del cumplimiento de requisitos impuestos a las asociaciones representativas de colectivos de protección ambiental para poder acceder a los derechos regulados en el Convenio.
Los mismos objetivos se alcanzaron cumplidamente en la ponencia de estas mismas letradas sobre ‘La impugnación de autorizaciones y DIAs’, que abordaron en detalle los problemas que conlleva la acreditación de la legitimación, o la remisión por parte de la Administración a los Tribunales de un expediente administrativo deficientemente conformado para generar indefensión.
La intervención del ingeniero técnico de minas, socio de RADA, D. Ignacio Martínez Fernández, fue particularmente ilustrativa de los múltiples y frecuentes defectos de los proyectos de renovables y de los expedientes que se someten a información pública y llegan a los tribunales, ponderando la importancia y los contenidos que deben tener los informes periciales encargados para la impugnación de estas actuaciones administrativas, así como los expedientes.
La MESA REDONDA de la primera jornada hizo tratamiento de cuestiones específicas y puntuales de actualidad, todas ellas de interés, relacionadas con la defensa de la biodiversidad ante las iniciativas de implantación masiva y acelerada de instalaciones renovables, con una particular atención a los principios jurídicos que debían invocarse, como son el principio de No regresión ambiental en materia territorial y urbanística, el principio de cautela, el principio de no afección directa ni indirecta.
Se analizó, en particular, por Isidro García Cerezo, asesor legal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad de Extremadura, los problemas que plantea el reciente Reglamento (UE) 2022/2577y el Real Decreto Ley 20/2022 como regresión en la protección ambiental para favorecer esta implantación masiva de renovables ; por Mª Ángeles López Lax se examinó la acreditación de la solvencia de los promotores como requisito de autorización de estas energías renovables y problemas puntuales advertidos en los procedimientos de evaluación ambiental, como la omisión de alternativas reales y realizables, la evaluación de la alternativa cero, el fraccionamiento y la acumulación de procedimientos, la confusión entre declaraciones de impacto ambiental condicionadas o declaraciones con condiciones, o las declaraciones que modifican los proyectos usurpando el papel del promotor, como síntomas de unas evaluaciones de impacto y procedimientos de autorización de baja calidad o erróneos, advertidos en el mencionado contexto de implantación masiva y acelerada de renovables.
La ponencia del asesor jurídico de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura Isidro García Cerezo sobre ‘La expropiación y la declaración de utilidad pública en materia de renovables’ describió el procedimiento destacando las actuaciones que no están bien definidas o trasladan su defecto a la propia “causa expropiandi” destacando los errores prácticos y las claves jurisprudenciales más relevantes para la conceptuación de la utilidad pública e interés social.
Práctica en su enfoque resultó también la ponencia del asesor jurídico de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla la Mancha en Albacete D. Salvador Moreno Soldado sobre ‘Responsabilidad medioambiental subjetiva en el ámbito de las electrocuciones de avifauna’, con un análisis detallado de la normativa muy específica y, en general, gran desconocida, que regula este concreto impacto y sus consecuencias jurídico-económicas y prácticas sobre los riesgos de colisión y electrocución. Especialmente provechosa la cita de la escasa jurisprudencia sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad ambiental en esta materia en el supuesto de muertes por electrocuciones y colisiones de especies de avifauna protegidas.
En la sesión de tarde de la segunda jornada, la Red de abogadas y abogados para la defensa ambiental celebró su asamblea anual, tras la cual se procedió a constituir una asociación con el mismo nombre, para la facilitación de trámites.
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